La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, enero 22 de 2014

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El pasado 20 de enero, en rueda de prensa, la ex senadora Piedad Córdoba
denunció ante el mundo la noticia del asesinato de 29 activistas del
Movimiento político y social MARCHA PATRIÓTICA en dos años de
existencia. Y en el mismo evento, uno de los 256 activistas
encarcelados, Francisco Tolosa, responsable de relaciones
internacionales de esa organización,sin nunca haber empuñado un
arma,expresó vía telefónica desde la prisión, que, "estamos presos por
hacer política sin armas" y opinó "que no hay democracia real en
Colombia sin Marcha Patriótica".

Hablamos con cierta desazón desde La Habana, donde hemos firmado con el
gobierno de Juan Manuel Santos un acuerdo parcial para ampliar la
democracia y la participación política en Colombia, porque el hecho
denunciado por la dirigente de MARCHA es un mentís a lo convenido, un
desconocimiento de los deberes del Estado, y una pésima señal que sigue
minando la confianza en la palabra del gobierno.

Lo que denuncia Piedad Córdoba reafirma que durante el gobierno de
Santos se  desconoce el derecho a la opción política y se sigue
exterminando a los activistas políticos, y de organizaciones sociales y
populares.

Para que este proceso de paz no termine en una farsa o en una comedia,
en sonoridades de palabras vacías sobre expansión de la democracia, es
urgente que el gobierno detenga el viacrucis de la Marcha Patriótica.

Los colombianos todos, los que siempre hemos soñado con la solución
política al más largo de los conflictos en el hemisferio, con el fin de
la confrontación para que tengamos reconciliación nacional, tenemos que
defender el proceso de paz y exigir verdaderas garantías políticas y
seguridad para los movimientos sociales y políticos del país.

No podemos tolerar que en medio de un proceso de paz, la Marcha
Patriótica sea aniquilada de manera sistemática, día a día, como ocurrió
con la UP, no solamente de cara al gobierno, sino con su participación
solapada, callando frente a los asesinatos, urdiendo el empapelamiento
jurídico de los líderes para colocarlos tras las rejas, porque
"representan un pensamiento peligroso", como dice una de las fiscales.
Los asesinatos de líderes sociales y populares siempre tuvieron en
Colombia un comienzo con la denominada judicialización, pero después
terminaron muertos.

Se nos insta permanentemente desde el gobierno a cambiar balas por
votos, pero se asesina y se mutila a los campesinos cuando
protestan,henchidos de justicia, en las carreteras contra las políticas
del Estado que solo favorecen los intereses de las trasnacionales y
condenan a las mayorías a vivir como parias con las banderas de la
soberanía plegadas, tiradas en el suelo.

Cómo duelen las justificaciones que hacen algunos agentes del Estado
para explicar el por qué ocurrió el terrible genocidio de la UP. Jamás
aceptaremos la explicación brutal e incivilizada de que aquellas muertes
ocurrieron porque no podían permitir impunemente la combinación de las
formas de lucha. Pero nosotros afirmamos, que ni Jaime Pardo, ni
Bernardo Jaramillo, Ni Leonardo Posada, ni José Antequera, ni Manuel
Cépeda, ni los congresistas, ninguno de los miles de mártires de la UP
portaba fusiles ni antes ni al momento de ser asesinados.

Cuánta razón asiste al señor Fiscal General de la República, el doctor
Eduardo Montealegre, cuando afirma que "el gran desafío del posconflicto
va a ser la guerra sucia".

En Colombia es una necesidad vital desmontar la Doctrina de la Seguridad
Nacional, la concepción del enemigo interno y el paramilitarismo, como
factores que han acicateado el terrorismo de Estado. El gobierno no
solamente debe jurar un "nunca más", sino desplegar acciones
convincentes para frenar operaciones sanguinarias como la del
tristemente célebre "Baile Rojo" que exterminó a un  movimiento y que
ahora pretende aplicarse a la Marcha Patriótica.

¿Dónde está la tolerancia pregonada en el acuerdo parcial para la
Participación Política? Hay que dejar a un lado las palabras zalameras y
almibaradas sobre la democracia, cuando se tolera el estallido de las
balas contra los opositores al régimen, para destruir, de manera
calculada, cualquier asomo de construcción de una alternativa política.
Hay que comenzar la aplicación, ya, de lo acordado, para que el proceso
no sea palabrería vacua. Es un deber del Estado proteger la vida de los
ciudadanos y garantizar el derecho a la opción política en Colombia.

*DELEGACIÓN DE PAZ DE LAS FARC-EP*

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